De acuerdo con el abogado y activista T. Tomoel Hair, de ser cierto
el argumento de que un fumador pasivo corre más riesgos en su
salud al estar en contacto con el humo de los fumadores activos, la obligación
del Estado para minimizar ese peligro consistiría en transformarlos
en fumadores activos, al menos en el ámbito doméstico.
Las
cifras son contundentes y la lógica también. Si el fumador
pasivo tiene hasta un 20 % más de probabilidades de desarrollar
un proceso cancerígeno, comparado con el adicto, entonces disminuiría
ese porcentaje al incorporarse al hábito.
Así las
mismas cifras epidemiológicas, que antes permitieron promover
políticas públicas restrictivas, hoy son el sustento para
impulsar la obligatoriedad del consumo del cigarrillo.